El artículo 94 del Código Civil establece que “la autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía”.

A través de la reforma operada por la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, se introdujo el siguiente párrafo en el artículo indicado:

No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visitas, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial”.

El 13 de septiembre de 2022 el Tribunal Constitucional dictó sentencia en la que se  establece que este precepto no priva de modo automático al progenitor del régimen de visitas o estancias, sino que atribuye a la autoridad judicial la decisión sobre el establecimiento o no de un régimen de visitas o estancias o la suspensión del mismo, incluso en los supuestos en los que un padre esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral  o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos, o cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género que puedan poner en peligro real a los hijos, puesto que el inciso tercero de este párrafo atribuye en todo caso la decisión relativa al establecimiento o no de un régimen de visitas, comunicación y estancias a la autoridad judicial, que deberá motivarla en atención al interés del menor.

Por lo tanto, esta decisión se adoptará en todo caso mediante resolución motivada de la autoridad judicial teniendo en cuenta ante todo el interés superior del menor, siempre previa audiencia del hijo y con absoluto respeto a lo establecido en el artículo 12 de  la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual  deberá de ser oído antes de emitir la resolución que corresponda y con la intervención del Ministerio Fiscal. Es decir, que aún concurriendo los supuestos establecidos en la reforma legal reseñada, el Juez podrá mantener las visitas del padre a los hijos, pero deberá razonar los motivos por los que considera que esa decisión es beneficiosa para los menores o, en sentido contrario, por qué la suspensión puede ser perjudicial para ellos.

Entre los supuestos en los que el Juez podrá limitar o suspender el régimen de visitas  respecto a uno de los progenitores se encuentra el que dicho progenitor esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral de su pareja o expareja o cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género que puedan poner en peligro real a los hijos.

Asimismo, se establece que no procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas cuando el progenitor se encuentre en prisión, aunque sea con carácter provisional.

No obstante el Juez puede reconocer el derecho a comunicación previsto en el artículo 160 del Código Civil que establece que los menores tienen derecho a relacionarse con sus progenitores aunque éstos no ejerzan la patria potestad, salvo resolución en contrario.

Por tanto, aún en el caso de que el padre se encuentre en prisión, y siempre que el interés superior del niño lo recomiende, se podrán acordar las visitas, y la administración deberá de facilitar el traslado del menor al centro penitenciario debidamente acompañado, ya sea por un familiar designado por la administración o por un profesional, quienes velarán por la preparación del niño o niña para dicha visita.

Además de lo anteriormente expuesto, existen otros supuestos en los cuales la autoridad judicial tiene la potestad de limitar o suprimir  el régimen de visitas  tales como :

1. Falta de contacto con los hijos durante largo tiempo (sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 825/2019, de 7 de octubre).
2. Por adicciones del progenitor no custodio que puedan afectar negativamente al menor (entre otra sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 567/2019 de 18 de septiembre)
3. Por incumplimiento grave y reiterado de los deberes del progenitor no custodio (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 641/2019 de 30 de octubre).
4. Por cualquier otra circunstancia o conducta del progenitor no custodio que evidencie una especial situación de riesgo para el menor.

Cierto es que la privación de las visitas puede llegar a producir consecuencias negativas para los padres llegando a ocasionar la pérdida de los derechos dimanantes de la patria potestad, pero ante todo primará  el interés superior del niño que debe incluir su seguridad siempre que la misma no se pueda garantizar de ninguna otra forma.    

En todos y cada uno de los supuestos en los que el Juez resuelva la limitación o suspensión del régimen de visitas, lo hará previo estudio de todas y cada una de las circunstancias que rodean cada uno de los casos, con absoluto respeto al interés superior del niño, valorando además la gravedad, naturaleza y alcance que el delito investigado tenga sobre la relación paterno o materno filial, su carácter doloso o imprudente, la persona o personas directamente afectadas por el mismo y las concretas circunstancias del caso que revelarán si el interés superior del menor aconseja o desaconseja la relación del mismo con sus progenitores, medidas que en ningún caso se producirán de manera automática.

Por todo ello puede concluirse que la aplicación del artículo 94 CC, carece del automatismo que algunas voces han querido otorgarle y habrá de estarse a las circunstancias concretas de cada caso para establecer si la suspensión de las visitas es procedente o no. 

El pasado 9 de enero de 2023 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia por medio de la cual confirmó que la publicación de la convocatoria de la Junta General en el tablón del edificio de la Comunidad haciendo constar la existencia de la deuda de uno de los comuneros, al cual no se identificaba con su nombre y apellidos, sino que únicamente se relacionaba la deuda con el piso, no supone una vulneración de la protección de los datos de carácter personal del deudor.

Esta resolución indica que el análisis de la cuestión debe partir de lo preceptuado en el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece con claridad que “la convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2”.

Asimismo, advierte que la relación jurídica mantenida entre el propietario y al Comunidad de Propietarios habilita al Administrador de la misma para tratar los datos de los comuneros sin su consentimiento, según lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que establece que “no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.

Además, el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, del parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, dispone que “el tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; (…) f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero”. Precepto al que se remite el artículo 8 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales.

En base a todo ello, esta resolución –y otras anteriores como la SAN de 24 de enero de 2020, Rec. 597/2017– argumenta que la Comunidad, y el Secretario y/o Administrador, como custodio de la documentación de la Comunidad, según el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) están facultados para el tratamiento de los datos de los miembros para las finalidades previstas en dicha LPH. Señala, además, que, con carácter general, no resulta preciso que en el ámbito interno de la Comunidad, los propietarios consientan el uso de sus datos personales, excepción prevista en los artículos 6.2 y 11.2 de la LOPD y en relación con la morosidad, los artículos 16.2 y 19 de la LPH habilitan la inclusión de los datos identificativos de los propietarios deudores en la Convocatorias de la Junta y sus Actas y añade, que la Ley prevé la instalación de «tablones de anuncios» a los efectos de posibilitar la notificación de los actos de interés de la Comunidad.

Se desprende por todo ello de dicha normativa y doctrina de aplicación, que no vulnera ni el deber de confidencialidad del artículo 5 de la LOPDGDD ni ningún otro de los principios que rigen en materia de protección de datos, la publicación de la convocatoria de la Junta General en el tablón del edificio de la Comunidad, haciendo constar la existencia de una deuda de uno de dichos comuneros del modo en que se hizo, pues en definitiva dicha fijación de la suma adeudada se encuentra legalmente amparada y constituye un tema de interés para tal Comunidad, y al no estar identificada la persona deudora como tal, tampoco es accesible a terceros o visitantes.